Funcionarios Públicos en reforma: Nos sobran motivos. Fabrizio Scrollini
Nos sobran motivos
Cuando se habla de “reforma del Estado” en Uruguay, a diferencia de otros países, se encienden encarnizados debates sobre cómo hacerlo. Por alguna circunstancia (yo creo positiva) de la vida, al Uruguay le gusta discutir de política, y eso incluye a la reforma del Estado.¿ Pero de que hablamos cuando hablamos de reforma del Estado?
El gobierno habla de lo que propiamente es una reforma del Servicio Civil, esto es una parte esencial de las funciones de soporte del Estado, es decir sus recursos humanos, más conocidos como funcionarios públicos. En Uruguay la palabra tiene una carga fuerte, entre privilegio, honor, servicio, estabilidad y amiguismo. Es un tema espinoso y no hay nadie en Uruguay (incluyéndome) que no tenga un pariente cercano en la función pública.
El gobierno ha hecho su anuncio, en un contexto de conflictos con varios empleados públicos (notoriamente del Banco República) y lo ha “vendido con títulos sugerentes como “públicos trabajarán 8 horas”. El mensaje es claro, el gobierno se posiciona cómo el defensor de los intereses de la ciudadanía frente a los “sindicatos” que buscan obtener más privilegios. ¿ Es esto realmente así? ¿Y sobre todo será este proyecto de ley, filtrado recientemente a la prensa, el que resuelva este problema?
Las reformas de Servicio Civil son tradicionalmente complejas en todos los países del mundo, pues tienen costos políticos altos, y beneficios dispersos, en otras palabras ¿Cómo afecta a la ciudadanía que se contrate mejor o peor a los servidores públicos? Reformas sobre como se “contrata” y las”condiciones de trabajo” del personal del Estado tienen una connotación básica: es establecer una regla de juego de lo que se espera de los servidores públicos. En este sentido la historia uruguaya de lo que esperamos de los servidores públicos es bastante triste. Desde la formación del Estado uruguayo promovimos toda suerte de clientelismo, usando la función pública como forma de reparto de poder, riqueza e incluso seguro de desempleo en las malas épocas. Esto, aunque a la luz del siglo XXI parezca sorprendente, tuvo virtudes, basta solo mirar frente al Río, para entenderlas. Pero dejó una herencia de “particularismos”, de condiciones “personalísimas” y de “derechos adquiridos”, “corruptelas” y sobre todo de flagrante inequidad entre los propios trabajadores dentro del Estado, y fuera de él. Junto a la tradición corporativista uruguaya (que no solo aparece en los sindicatos) el cocktail tuvo como perjudicados a la ciudadanía en general (compuesta también por los propios funcionarios públicos) en materia de servicios y eficiencia en general del Estado.
¿ Que resuelve lo propuesto por el gobierno? Poco. Estrictamente lo propuesto por el gobierno afecta a lo que se conoce como Administración Central o el núcleo duro del Estado, donde se concentran la toma de decisiones políticas de la administración y donde tiene sentido tener una suerte de “carrera administrativa” que permita estabilidad a los trabajadores por un lado y fidelidad para llevar adelante las tareas del gobierno de turno por el otro. Estos trabajadores son un grupo pequeño dentro del Estado, pero significativo por su posición estratégica dentro de la estructura estatal (y también bastante diverso pues la administración central tiene desde Casinos a Registros de Propiedad). Esta ley les es en principio un paso positivo para ese grupo, para empezar a “regular” el marco en el cuál se mueve, pero se encuentra lejos de ser una reforma seria del servicio civil, pues la misma debe discutirse también en función de lo que que estratégicamente se pretende del Estado. ¿ Si no sabemos para que, como saber el qué queremos de las personas que lo llevaran a cabo?
Dentro de las obsesiones del gobierno por “ser duros con los funcionarios” se encuentra el horario de trabajo y sus beneficios. Si bien es cierto que la ley establece para los nuevos ingresos 8 horas de trabajo, existe también una larga lista de beneficios que se mantiene tales como: reducción de jornada en caso de legitimación adoptiva, los feriados de semana santa se mantienen (leer con atención el artículo 18), una serie de “licencias especiales” ( ver Artículo 29 dentro de las cuales hay algún que otro ejemplo jocoso), incluido por supuesto el año sabático (o tomarse un “break cada 6 años), prima por hogar constituido, prima por matrimonio, prima por adopción, prima por nacimiento y algunos otros beneficios. ¿ Es esto un problema? . Además de la pesadilla que puede ser para un contador público administrar a las “primas” existe algunos temas filosóficos sobre la igualdad entre trabajadores de por medio. Yo quisiera hacer un aporte más pragmático en estas líneas y decir que el problema en Uruguay es que el set de incentivos de los funcionarios públicos, es mucho más dispar que para sus pares en el sector privado, con lo cual dentro del mismo mercado (pequeño) se generan inequidades significativas, que terminan siendo bastante notorias y percibidas como injustas. ¿Tendrán todos los trabajadores los mismos derechos? ¿ Y es esto funcional para lo que el Estado precisa en el Siglo XXI?
Existen otros aspectos posiblemente más compartibles de la ley, y hay cuestiones de técnica legislativa preocupantes, pero la naturaleza del problema tiene tres aristas que el sistema político en Uruguay no puede o quiere encarar.La primera la cuestión estructural del mercado de trabajo y los incentivos para trabajar en el sector público y privado,en un mercado pequeño como Uruguay. La protección y beneficios de los trabajadores no deberían estar discriminadas en función de donde se trabaje. La segunda cuestión tiene probablemente que ver con la clase de relación que requiere el Estado con sus servidores públicos, para las diversas funciones que cumple, las cuales no todas deberían ser “función pública” . Y la tercera cuestión tiene que ver con lo que para que sirve el Estado y como los ciudadanos pueden influir en los resultados. El futuro, requerirá de un Estado con buenos servidores públicos, alineados a las necesidades ciudadanas en un contexto de incertidumbre constante . La propuesta actual no vive para cumplir esa promesa.
Fabrizio Scrollini
Uruguayo, Candidato a Doctor en estudios de Gobierno de la London School of Economics and Political Science
Website:maresdelsur.wordpress.com
Twitter @fscrollini
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Carta Editorial
23 enero, 2012 en 11:09 am
La reforma del Estado significaría abandonar todo lo que tiene de socialismo criptosoviético. Sólo pretenden modificar algunas condiciones de algunos funcionarios; no por otra razón que la motivación de resentimiento social del lumpen contra todo el que tenga mejores situaciones, una “igualación hacia abajo”.
Si quisieran perfeccionar el Estado no permitirían sindicatos en la Policía ni paralizar servicios públicos.
Laa reforma necesaria es imposible que la promueva este Gobierno. Sería la que apunte a un genuino desarrollo sostenido promoviendo la iniciativa privada y el aliciente para ganar más; en vez de “redistribuir” misería.