Zonas en Colombia donde los pobres luchan por el consumo de agua potable.

VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA

La lucha legal del pobre por el agua

Manuel Domínguez Moreno, PRESIDENTE-DIRECTOR*

Es una zona militarmente estratégica, muy productiva, pero a los afrodescendientes y a los indígenas se les maltrata en su derecho por el líquido básico y la tierra.

Una ciudad productiva y rica pero sin agua potable. Lennos Ramos Panchano, al frente de la La Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca-Colombia, se está esforzando para que la autoridades atiendan sus demandas en cuanto a la necesidad de que se ponga en marcha el servicio de acueducto y alcantarillado en Buenaventura, atendiendo a las peticiones que se hacen desde la comunidad y de organizaciones de defensa de los derechos civiles, ya que el derecho al agua se considera inherente a la finalidad social del Estado, como otros consagrados en la Constitución y en los acuerdos internacionales ratificados por Colombia. El atropello está teniendo lugar en Buenaventura, el segundo puerto del Pacífico, con una población que ronda los 350.000 afrodescendientes, y hasta ahora las autoridades del Estado de Cali y de la capital, Bogotá, están haciendo oídos sordos.

Si nos adentramos en ese marco geográfico, parece que subyace algo extraño y pernicioso. O no le resuelven el problema del agua a la población por sus orígenes o es que en el fondo lo que prima es un pacto con las guerrillas de las FARC, a cuenta de sacrificar a una población afrodescendiente, tan pobre en su inmensa mayoría. El horror y quebranto a los derechos humanos, por extraño que pueda parecer, se está dando en una ciudad con puerto importante y muchos recursos naturales, ríos, vegetación, frutales… El grave asunto llega a los tribunales de justicia y también se presentará la correspondiente denuncia ante Naciones Unidas para que se conozca a fondo la inadecuada e impresentable prestación del servicio en Buenaventura, lo cual dificulta el mejoramiento de la vida y el bienestar social de gran parte de esas personas, que sufre las consecuencias de que ni la autoridad municipal ni los entes de control a nivel nacional estén cumpliendo sus obligaciones.

En otro departamento del Cauca, en Toribio, un importante sector de la población, los indígenas, echaron un pulso la semana pasada al Ejército colombiano, al que obligaron a retroceder, armados con piedras y garrotes. Se está tensando demasiado la cuerda en ese territorio considerado estratégico. Los indígenas, que no admiten ser desplazados de su tierra, no dudaron en enfrentarse cuerpo a cuerpo a los militares para que dejen la zona porque entienden que su presencia atrae los ataques de la guerrilla de las FARC que sufren ellos cada dos por tres. El Ejército se niega a desmilitarizar la zona, pero ellos insisten a los uniformados y a los guerrilleros en que vayan con sus tiros a otro sitio.

Pérdidas

La lucha en cambio se quiere hacer en Buenaventura con la ley en la mano. Son más que serios los problemas que acontecen en la prestación del servicio mediante sistemas de turnos horarios a los diferentes barrios, dado que no se llevan a cabo las inversiones en obras necesarias para reponer las redes. Parte importante del agua tratada que entra en el sistema de acueducto se pierde en la red de distribución dadas sus múltiples deficiencias. Un informe de la Defensoría del Pueblo Regional establece la misión de cada responsable y de las entidades demandadas que, en el ejercicio de sus funciones públicas, deben cumplir una serie de objetivos para posibilitar que el agua potable llegue a todos.

Por lo que respecta a Hidropacífico SAE-SP, su obligación es la de concretar la obra y los trabajos de mantenimiento para los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Buenaventura, logrando el eficiente funcionamiento, la preservación y mejora de la infraestructura entregada. La responsabilidad se extiende a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el órgano obligado a llevar a cabo las actividades de vigilancia y control para que las entidades prestadoras de esos servicios domiciliarios cumplan sin más demoras con la ley 142 de 1994, con sus normas reglamentarias.

Con respecto a los hechos y al material probatorio que se acompaña en informes y denuncias, la Defensoría de Pueblo Regional Valle del Cauca solicita que se declare que Hidropacífico SAE-SP, la entidad demanda, representada por su gerente general o por quien haga sus veces, es la encargada de administrar y operar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de Buenaventura, la responsable de la toma de decisiones y ejecución de acciones correspondientes, “en aras de garantizar la optimización del servicio de agua potable las 24 horas del día para toda la comunidad de Buenaventura y en relación con la vulneración de derechos colectivos, fundamentales y de categoría prevalente, como los de los niños”. Lennos Ramos Panchano pide en su escrito que se ordene a las entidades demandadas que proceden a adoptar de forma urgente las medidas necesarias para garantizar el servicio continuo de acueducto las 24 horas del día a toda la comunidad del Distrito Especial de Buenaventura, en especial la reposición, mantenimiento y ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado, de manera que exista continuidad en la prestación al municipio.

Amenaza para la salud

Gran parte del departamento colombiano de Valle del Cauca, tan importante para la economía nacional por su especial contribución en el sector pesquero e industrial, además de la industria azucarera, se sitúa en el valle del río del mismo nombre. La guerrilla provocó el desplazamiento forzado de comunidades nativas de la zona del Pacífico vallecaucano y de los enclaves vecinos hacia Cali. Casi la tercera parte de esta población departamental es afrodescendiente.

La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre muchos otros tratados internacionales, reconoce el derecho a la salud. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se refiere a que el acceso a servicios básicos tales como el agua potable y el saneamiento debe ser considerado un derecho humano, ya que su carencia amenaza la calidad de vida y atenta contra la salud. Lo que propone es la sostenibilidad del medio ambiente e incluye metas e indicadores sobre el acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua y a servicios de saneamiento apropiados. Con relación a este tema se ha fijado como meta del milenio reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable para 2015.

El grado de urbanización es un determinante clave del abastecimiento de agua potable de las viviendas y, de hecho, es lo que provoca mayores desigualdades. En la zona rural los indígenas se encuentran en peor situación: el 54,1 por ciento de las casas de los que residen en el Valle del Cauca y el 41,8 a nivel nacional no tienen acceso al agua potable. Sin embargo, en la zona urbana son los afrodescendientes los que presentan la mayor proporción de habitáculos con abastecimiento inadecuado de agua, tanto a nivel local como nacional, casi el doble que los indígenas.

Publicado en Cambio16 España